Somos conscientes de que enfrentamos un cambio climático de proporciones que aún no alcanzamos a dimensionar. Paralelamente, nuestro país vive una megasequía que ya se extiende por más de una década. También sabemos que nuestras cuencas están siendo sobreexplotadas y destruidas sistemáticamente por un modelo extractivista que no repara en las consecuencias de la ambición sin límites.
El agua, bien común natural cada día más escaso, se ha transformado en un botín que se reparte de manera muy poco equitativa. ¿Qué parte de la sequía se debe a causas naturales? ¿Cuánto desastre responde a la acumulación de acciones y políticas, que han tenido como único norte la productividad, sin mirar la cuenca, que es el sistema que posibilita el ciclo del agua?
La Constitución permite que privados puedan ser propietarios de algo tan esencial para la vida como el agua. En Aconcagua hay miles de familias siendo abastecidas por camiones aljibes, y perdiendo su forma de vida en el campo. Mientras, en los cerros, donde cada vez queda menos vegetación nativa y biodiversidad, verdean enormes extensiones de plantaciones de paltos, cítricos y parrones para la exportación.
El dogma de “optimizar” la productividad nos ha llevado a creer que necesitamos el trabajo precario de los grandes fundos, más que el trabajo independiente que los campesinos han realizado por siglos; que la exportación es más importante que la producción de hortalizas, frutas y cereales a pequeña escala para la soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, el pequeño agricultor y el campesino, son abandonados por la política pública y estigmatizados como ineficientes y atrasados porque no aspiran a expandirse o a enriquecerse. El campo se muere lentamente, a vista y paciencia de autoridades, medios de comunicación y la opinión pública.
El Río Aconcagua estuvo, hasta hace unas semanas, artificialmente dividido en cuatro secciones. Cada una de ellas cuenta con una Junta de Vigilancia, la que, según el código de aguas del año 1981, elige a sus directivas, con un voto por cada acción de agua. Por ende, son dirigidas por poderosos tenedores de grandes cantidades de derechos de agua. Resulta penosamente obvio que sus decisiones no consideran los intereses de campesinos ni pequeños productores que, todos en conjunto, ostentan un porcentaje marginal del total de derechos de aprovechamiento de aguas otorgados.
La Ley 21.435, vigente desde el año 2022, que modifica el código de aguas de 1981, señala: “Las aguas cumplen diversas funciones, principalmente las de subsistencia, que incluyen el uso para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia; las de preservación ecosistémica, y las productivas”. “Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.” “La autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas.”
El consumo humano no consiste solamente en el consumo urbano amarrado a las grandes empresas sanitarias. En el campo, el consumo humano incluye a los animales domésticos y de crianza, y el riego de huertas y frutales que son esenciales en la forma de vida rural. Hoy son más de 80 los sistemas sanitarios rurales en la cuenca del Aconcagua que se ven afectados de manera directa por el bajo nivel de escurrimiento de agua en el Río.
Desde la entrada en vigencia de la ley 21.435, la Dirección General de Aguas de la región de Valparaíso, ha debido emitir diversas resoluciones que ordenan a las Juntas de Vigilancia la redistribución del agua en función de las prioridades establecidas, pero no han sido acatadas por las directivas de las Juntas. Es por esto que el oficio más reciente, del 31 de enero, interviene la distribución, suspende el seccionamiento del río y las atribuciones de las Juntas de Vigilancia. Ante esto, la directiva de la primera sección ha realizado una campaña sostenida para dividir y confundir a las comunidades, culpando a la DGA de la administración negligente que las juntas han tenido por años, que entre otras cosas, no toca la brutal extracción que realizan empresas como Angloamerican y Codelco, y aseguran el riego de la agroindustria en desmedro del campesinado. Culpar a la DGA es una estrategia para sostener la sobreexplotación y la devastación de la cuenca.
El Presidente de la Junta de Vigilancia de la Primera sección, Javier Crasemann, ingeniero comercial (UDP), socio y representante legal de Agrícola Las Parcelas SPA, -sociedad del rubro “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, con domicilio en Las Condes-, enarbola banderas en nombre de “los regantes”, y desde hace meses instiga a los campesinos a unirse a campañas de protesta, poniendo a la gente de la primera sección en contra de sus vecinos de la segunda. Como si los campesinos que han perdido sus siembras por falta de riego, fueran pares, y no víctimas, de las grandes empresas agroexportadoras. Como si bloquear una carretera fuera a asegurar que las Juntas de Vigilancia -ahora sí- velarán por su derecho al agua para consumo humano y de subsistencia.
La élite empresarial de Aconcagua quiere provocar una guerra por el agua, defendiendo la productividad y la economía para resguardar sus propios intereses, utilizando como carne de cañón a los campesinos, con discursos en defensa de “la agricultura”, desconociendo a las autoridades y a la Ley.
En las organizaciones territoriales, que conocemos la historia de cerca porque la vivimos día a día, apoyamos las decisiones de la DGA para redistribuir el Agua con equidad. La DGA debe contar con el apoyo de todos los afectados por la distribución empresarial del agua; los demás habitantes del territorio, regantes y no regantes, humanos y no humanos, también necesitamos agua. También esperamos que cuente con el apoyo del Gobierno a nivel regional y central, para sostener el cumplimiento de la legislación vigente.
Celebramos que Gobierno Regional retome la Mesa Aconcagua ampliada que en los últimos meses sesionó en Los Andes, Catemu y La Cruz. En este espacio las APR’s, los campesinos, los pequeños regantes y habitantes del territorio, así como también los movimientos defensores de la Naturaleza y los ecosistemas, tuvimos la posibilidad –por primera vez- de participar en las reuniones donde las Juntas de Vigilancia y las autoridades regionales buscan acuerdos para la mejor distribución de las aguas del Río. En el escenario actual de escasez y disputas, necesitamos más que nunca el contacto con las autoridades, que nos expliquen las decisiones que han tomado y escuchen de primera fuente y en tiempo real los impactos producidos. ¡Necesitamos trabajar en conjunto!
No estamos en guerra. Estamos conscientes de que debemos organizarnos para mirar nuestro Río, entender cuáles son las prioridades y pensar colaborativamente cómo cuidaremos nuestra cuenca para enfrentar lo que viene. Ojalá avancemos en el entendimiento de que para lograr equidad y justicia es necesario pensar en forma colectiva, entender que no existe el progreso a costa de la desgracia ajena. Que somos parte de un ecosistema que se deteriora rápidamente, que la naturaleza no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y que hay que pensar también en las futuras generaciones.
Paula Rodríguez Jiménez
Coordinadora Defensa Akunkawa
